Contraloría toma razón de las bases de licitación del litio mientras parlamentarios evalúan acciones para frenar proceso

El ente contralor respondió al oficio que buscaba detener la licitación de 400 mil toneladas del recurso minero en siete años prorrogables afirmando que el decreto se ajusta a la norma. Ante este escenario, en el Congreso evalúan acciones legislativas para detener la concesión a 29 años a empresas privadas. 

Ha sido tema en el último trimestre y ayer se tomó parte de la discusión en redes sociales, donde incluso se llegó a llamar a una marcha por el litio para este viernes.

Todo a raíz de una comentada licitación del Ministerio de Minería (Juan Carlos Jobet, ministro), el cual en octubre pasado anunció una convocatoria pública nacional e internacional para la suscripción de contratos especiales de operación que desarrollen la exploración y producción de yacimientos de litio en suelo chileno. En total, el concurso considera una cifra de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas individuales de 80.000 toneladas en siete años prorrogables. En condiciones que han sido criticadas por expertos, parlamentarios, convencionales constituyentes e incluso por el Gobierno entrante de Gabriel Boric, la convocatoria de la administración del actual mandatario, Sebastián Piñera, también llamó la atención por sus tiempos: el 17 de diciembre concluyó el periodo de recepción de ofertas, mientras que el 14 de enero del 2022 se publicarán los resultados de la licitación. Es decir, el proceso se está desarrollando durante los últimos meses del Gobierno saliente.

Se suman los cuestionamientos por las trabas que esto podría generar en la redacción de la nueva Constitución, al darse en el momento en que está en discusión el rol subsidiario del Estado, y por lo tanto, la posibilidad de que se produzca la nacionalización efectiva del litio en la Convención Constituyente, lo que podría materializarse a través de la creación de una empresa nacional del litio.

Se suman los cuestionamientos por las trabas que esto podría generar en la redacción de la nueva Constitución, al darse en el momento en que está en discusión el rol subsidiario del Estado, y por lo tanto, la posibilidad de que se produzca la nacionalización efectiva del litio en la Convención Constituyente, lo que podría materializarse a través de la creación de una empresa nacional del litio.
Trincheras para evitar la licitacíón

En ese sentido, desde el Congreso han apurado algunas gestiones con el fin de agotar las instancias para detener la licitación, aunque se corre contra el tiempo pues ya sólo quedan 10 días para anunciar los resultados. Entre las primeras acciones estuvo oficiar a la Contraloría General de la República por la licitación. En su momento, la diputada socialista y miembro de la Comisión de Minería de la Cámara, Daniella Cicardini envió el oficio al ente contralor por “las tremendas dudas que nos genera las consecuencias de este llamado a pocos meses del fin del Gobierno”, entre cuyos requerimientos destacaba el cuestionamiento al ministro de Minería en relación a que “no se han elaborado políticas públicas orientadas a que sea el propio Estado quien se haga cargo no solo de su explotación sino  que además en darle un valor agregado a mineral, que permita obtener mayores recursos para el Estado de Chile”.

Finalmente, la Contraloría no encontró mayores reparos en los aspectos formales del decreto que estipulaba la licitación (ver documentación adjunta), por lo que “una vez culminado un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y sin que se advirtieran vicios o irregularidades que pudieran afectar la legalidad del mismo” decidió tomar razón de éste.

En conversación con INTERFERENCIA, la parlamentaria apuntó a que esperan citar al Ejecutivo para este miércoles en la sesión de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara de Diputados, para emplazar e insistir en los argumentos técnicos y políticos sobre por qué consideran que es una iniciativa defectuosa. “Estamos contra el tiempo pero hago un llamado al Gobierno a la sensatez y seriedad. Se debe legislar responsablemente sobre la explotación del litio y sus usos. Necesitamos que el Estado chileno juegue un rol predominante y relevante a futuro, por lo que esperamos que prime la cordura”, afirmó.

En paralelo, otros parlamentarios consultados por este medio esperan agotar las instancias para revertir la medida, sin descartar seguir vías legislativas, como la presentación de un proyecto de ley que pueda frenar el proceso.

Por su parte, desde el Senado, Francisco Huenchumilla (DC) también manifestó su preocupación al respecto y tildó el asunto como una “decisión sin sentido de Estado”, aduciendo que “amarrar contratos de explotación a 30 años, pasa a llevar el trabajo que debe realizar la Convención y será claramente un contrasentido con las decisiones que, soberanamente, esta debe tomar sobre el futuro de nuestros recursos naturales”, en una columna publicada en El Mostrador.

Amarrando al Gobierno entrante

Junto a ello, ya se había pronunciado en los últimos días con preocupación el equipo político del Gobierno entrante. “Este es un tema que preocupa al equipo de transición de Gabriel Boric […] Sería preferible posponer la decisión de adjudicación hasta que asuma el nuevo Gobierno”, señalaron a La Segunda.

“El presidente electo, junto con los equipos que han venido trabajando el tema, le han comunicado al Gobierno en ejercicio que sería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis”, dijo Giorgio Jackson, coordinador político de Boric.

Cabe recordar que el propio presidente electo manifestó durante su campaña la necesidad de crear una Empresa Nacional del Litio.

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